Cambio Climático
El efecto invernadero se produce como resultado de la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente del dióxido de carbono (CO2). Estos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo dentro de la atmósfera y mantienen la temperatura de la superficie de la tierra. Pero el aumento de la concentración de estos gases en la atmósfera, como resultado de las actividades humanas, incrementa la temperatura global. Según datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2001), la temperatura promedio global aumentó de 13.70 °C a 14.40 °C desde principios del siglo XX.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), aprobada en Nueva York en 1992, es un acuerdo internacional que tiene como objetivo principal estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que evite interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Esta convención establece un marco general para abordar el cambio climático y ha sido ratificada por la gran mayoría de los países del mundo.
Según la CMNUCC, el cambio climático se define como "un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables". Esto significa que el cambio climático no solo se refiere a la variabilidad natural del clima, sino también a los cambios causados por las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación.
En 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sostuvo la necesidad de reducir las emisiones de GEI en casi un 50% en todos los sectores para limitar el calentamiento global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales para 2030. Este objetivo es fundamental para evitar los impactos más graves del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad.
La CMNUCC establece un marco para que los países desarrollen e implementen políticas y medidas para mitigar el cambio climático, así como para adaptarse a sus impactos. También promueve la cooperación internacional en áreas como la transferencia de tecnología y la financiación para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para abordar el cambio climático.
Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto, un acuerdo histórico surgido de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Kioto en 1997 (COP3), representa un hito en los esfuerzos internacionales para abordar el cambio climático. Entró en vigencia en 2005 luego de un proceso de ratificación por las Partes y sentó las bases para futuros acuerdos y compromisos internacionales en la lucha contra el calentamiento global. El objetivo central del Protocolo es promover el desarrollo sostenible mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Entre los puntos acordados en el Protocolo de Kioto se destacan:
Reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias, y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de GEI y aplicación de instrumentos de mercado (Artículo 2).
Establecimiento de compromisos de las Partes incluidas en el Anexo I de que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el Anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el Anexo B, con el objetivo de reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de un 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre 2008 y 2012 (Artículo 3).
Posibilidad de las Partes incluidas en el Anexo I de transferir o adquirir unidades de reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropógenas por las fuentes o incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los gases de efecto invernadero en cualquier sector de la economía (Artículo 6).
En el anexo A del Protocolo se enumeran los gases de efecto invernadero (GEI) controlados por el protocolo (los orígenes o procedencias son agregados propios y describen las principales fuentes de emisión de cada uno de los gases): el dióxido de carbono (CO2), generado en la combustión de combustibles fósiles; el metano (CH4), originado en la agricultura, la ganadería y los residuos; el óxido nitroso (N2O), derivado de la agricultura; los hidrofluorocarbonos (HFCs), provenientes de la industria de los equipos de refrigeración y extintores de fuego; los perfluorocarbonos (PFCs), dimanantes de la producción de aluminio y extintores de fuego, y el hexafluoruro de azufre (SF6), derivado de los equipos eléctricos.
En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono de las Partes del anexo B (37 Partes y la Unión Europea) correspondientes al año 1990, estas alcanzaron un total de 13.728.306 giga-gramos de dióxido de carbono equivalente (GgCO2e), siendo Estados Unidos (36.10 %), la Federación de Rusia (17.40 %), Japón (8.50 %), Alemania (7.40 %) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (4.30 %) los principales emisores.
Fondo Verde para el Clima
El Fondo Verde para el Clima (FVC) fue creado durante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático celebrada en México en 2010 (COP16) con el objetivo de apoyar un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la resiliencia al clima. Su propósito es movilizar financiamiento de diversas fuentes y escalar la acción climática en los países en desarrollo.
Este fondo, con una meta de USD 100.000 millones anuales, financia proyectos, programas, políticas y otras actividades destinadas a reducir las emisiones de GEI y fortalecer la adaptación a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo.
Una de las principales áreas de enfoque del FVC es el sector forestal y el uso de la tierra, donde promueve un cambio de paradigma a través de tres líneas de acción:
1) Protección de bosques y paisajes naturales: Apoya iniciativas que protegen ecosistemas forestales y paisajes naturales, ayudando a preservar la biodiversidad y a mantener los servicios clave que brindan estos ecosistemas.
2) Restauración de bosques degradados y otros paisajes: Financia proyectos de restauración de áreas que han sido degradadas por actividades humanas, como la deforestación y la agricultura intensiva, contribuyendo a recuperar la funcionalidad y biodiversidad de estos espacios.
3) Gestión sostenible de paisajes forestales productivos: Promueve prácticas de manejo forestal sostenible en paisajes forestales que tienen una función productiva, como la producción de madera, contribuyendo a equilibrar la conservación con el uso sostenible de los recursos forestales.
El FVC representa un importante mecanismo para apoyar a los países en desarrollo en su transición hacia economías más sostenibles y resilientes al clima, al tiempo que contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático a nivel global.
Enmienda de Doha
En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Doha (COP18), se acordó una enmienda al Protocolo de Kioto que tuvo dos impactos significativos:
Segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto: se estableció un segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto, que abarcó desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este período, los países que ratificaron la enmienda se comprometieron a cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de acuerdo con los términos del Protocolo.
Inclusión del Trifluoruro de Nitrógeno (NF3) en la lista de GEI Controlados: Se agregó el trifluoruro de nitrógeno (NF3) a la lista de gases de efecto invernadero controlados por el Protocolo de Kioto. El NF3 se utiliza en la fabricación de semiconductores y paneles solares, y aunque tiene una concentración en la atmósfera menor que el dióxido de carbono (CO2), es un gas de efecto invernadero más potente.
Esta enmienda reafirmó el compromiso de los países con la reducción de las emisiones y la lucha contra el calentamiento global.
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en Nueva York en 2015, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que deben alcanzarse para el año 2030.
La Agenda 2030 actúa como un marco guía para orientar las acciones relacionadas con el cambio climático en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental. Algunas de las metas destacadas de la Agenda en materia ambiental son:
Infraestructura e industrias sostenibles: Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos de manera más eficiente y promoviendo tecnologías y procesos limpios y ambientalmente racionales (9.4).
Uso eficiente de recursos naturales: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales (12.2).
Racionalización de subsidios ineficientes a los combustibles fósiles: Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico, eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales (12.c).
Incorporación de medidas sobre cambio climático: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales (13.2).
Financiamiento para la gestión forestal sostenible: Movilizar recursos significativos de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para promover dicha gestión, en particular para la conservación y reforestación (15.b).
La Agenda 2030 representa un compromiso global para abordar los desafíos más urgentes que enfrenta nuestro planeta, incluido el cambio climático, y proporciona un marco integral para orientar las acciones hacia un futuro más sostenible para todos.
Acuerdo de París
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en París en diciembre de 2015, se alcanzó un hito histórico con la firma del Acuerdo de París, un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Ratificado actualmente por 194 países, el Acuerdo establece como objetivos de largo plazo:
1) Limitar el calentamiento global: Reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C, con esfuerzos para no superar los 1.5 °C en comparación con los niveles preindustriales.
2) Revisiones periódicas: Revisar los compromisos de los países cada cinco años. Cada cinco años, los países presentan, en base a sus circunstancias nacionales, un plan nacional actualizado de acción climática que se denomina Contribución Determinada a Nivel Nacional (NCD).
3) Financiamiento a países en desarrollo: Ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos.
Además, el Acuerdo de París establece varios artículos clave, entre ellos:
Metas de reducción de emisiones: Los países desarrollados deben liderar los esfuerzos de reducción de emisiones, adoptando metas absolutas de reducción de emisiones para toda la economía. Los países en desarrollo deben aumentar gradualmente sus esfuerzos de mitigación y considerar la adopción de metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía a medida que avancen en su desarrollo, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales (Artículo 4.4).
Apoyo a la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de los bosques: Se alienta a las Partes a adoptar medidas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, y a proporcionar apoyo financiero y técnico para llevar a cabo estas acciones. Se reconoce la importancia de conservar y gestionar de manera sostenible los bosques como sumideros de carbono y se reafirma al mismo tiempo la importancia de incentivar los beneficios no relacionados con el carbono que se derivan de esos enfoques (Artículo 5.2).
Informes de inventarios de emisiones: Cada Parte debe proporcionar informes periódicos sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero, y los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional en virtud del Artículo 4. Los informes deben elaborarse utilizando las metodologías para las buenas prácticas aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Artículo 7).
Movilización de financiamiento climático: Los países desarrollados deben liderar los esfuerzos para movilizar financiación para el clima a partir de diversas fuentes y medidas, como el apoyo a las estrategias controladas por los países. Se debe prestar especial atención a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo, y la movilización de financiación debe aumentar con el tiempo (Artículo 9.3).
Estos artículos reflejan el compromiso de las Partes del Acuerdo de París de trabajar en conjunto para abordar el cambio climático, reconociendo la importancia de la acción coordinada a nivel mundial.
Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) fue reglamentado por el Parlamento Europeo en mayo de 2023 a través del Reglamento (UE) 2023/956. Este mecanismo tiene como objetivo principal establecer un precio justo al carbono emitido durante la producción, equiparando el costo del carbono pagado por las materias primas o mercaderías dentro de la UE con el de las importadas.
Este mecanismo se implementa para garantizar el cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE, que incluyen una reducción neta de gases de efecto invernadero (GEI) de al menos el 55% para 2030 y la neutralidad de carbono para 2050. Además, busca evitar la "fuga de carbono", que ocurre cuando la producción intensiva en carbono se traslada a países con políticas de descarbonización menos estrictas o cuando se sustituyen productos de la UE por importaciones más intensivas en carbono.
Bajo el CBAM, los importadores de la UE deben pagar el precio del carbono que deberían pagar si los bienes se hubieran producido dentro de la UE. En otros términos, el CBAM iguala el precio del carbono de las importaciones con el precio del carbono de la producción en la Unión Europea.
Este mecanismo se aplica a materias primas, productos semielaborados y productos finales de sectores específicos que son intensivos en carbono y/o tienen un mayor riesgo de fuga de carbono, como el acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.
La implementación del CBAM se divide en dos etapas: una fase de transición que va desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, durante la cual los importadores de los bienes listados solo deben informar las emisiones de GEI incorporadas en sus importaciones de forma trimestral, y la verificación de estas emisiones por parte de un organismo externo es voluntaria y no conlleva pagos. La segunda etapa, que comienza el 1 de enero de 2026, es la fase definitiva, donde los importadores de la UE deben declarar anualmente las emisiones de GEI implícitas y adquirir créditos de carbono en el mercado europeo (certificados CBAM) para compensar las emisiones implícitas de las importaciones de bienes listados que excedan los límites de emisión.
Panorama Global
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) define el cambio climático como “un cambio en el estado del clima identificable a raíz de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado, generalmente cifrado en decenios o en períodos más largos”. Este término abarca toda modificación climática a lo largo del tiempo, ya sea atribuible a la variabilidad natural o a la actividad humana.
Los factores determinantes del cambio climático incluyen las variaciones en las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, los cambios en la cubierta terrestre y las alteraciones en la radiación solar, que modifican el balance energético del sistema climático.
En su "Informe de síntesis sobre Cambio climático" (2007), el IPCC señala que las emisiones globales de GEI provocadas por actividades humanas han aumentado aproximadamente un 70 % desde la era preindustrial, con un incremento del dióxido de carbono (CO2) como el GEI antropógeno más significativo, representando el 77 % de las emisiones totales de GEI antropógenos en 2004. El IPCC subraya que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como se refleja en los incrementos observados en la temperatura media global en los últimos cien años (0.74 °C), el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento promedio del nivel del mar (3.10 mm/año en promedio desde 1993).
En el "Informe especial sobre El cambio climático y la tierra" (2020), el IPCC agrega que la temperatura promedio sobre la tierra durante el período 2006-2015 fue 1.53°C más alta que en el período 1850-1900, y destaca que los impactos del calentamiento global son evidentes en forma de aumento de la mortalidad de los árboles, cambios en los patrones de precipitación, disminución en la disponibilidad de agua dulce y mayor estrés en la biodiversidad.
Para alcanzar las metas del Acuerdo de Paris y limitar el aumento de la temperatura a 1.50- 2.00 ° C por encima de los niveles preindustriales, se requiere alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Esto exige, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022), una reducción del 7.6 % de las emisiones globales cada año antes de 2030, y mantener ese nivel estable para alcanzar emisiones netas cero para 2050.
Según el "Informe sobre Costos y beneficios de alcanzar la carbono-neutralidad en América Latina y el Caribe" (2023) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cumplir los objetivos de resiliencia y descarbonización requiere realinear entre el 7 % y el 19% del PBI con los objetivos climáticos cada año.
En concordancia con las conclusiones del IPCC, los autores del informe identifican tres cambios fundamentales en el camino hacia las emisiones netas cero: 1) la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, 2) el uso de electricidad en lugar de combustibles fósiles en el transporte, y 3) la conversión de la tierra en un sumidero de carbono para compensar cualquier emisión residual.
Para compensar las emisiones residuales del resto de la economía que no puedan reducirse o eliminarse debido a razones de costo o tecnológicas, es esencial conservar los bosques primarios, limitar/eliminar la deforestación, ampliar los bosques secundarios (reforestación), y expandir los sistemas silvopastoriles.
El informe “Estado de la Acción Climática 2023” (2023), publicado por el Systems Change Lab y realizado en forma conjunta por Bezos Earth Fund, Climate Action Tracker, Climate Analytics, ClimateWorksFoundation, NewClimate Institute, the United Nations Climate Change High-Level Champions y el World Resources Institute, señala que los esfuerzos realizados hasta el momento para abordar el cambio climático son insuficientes y deben intensificarse en todos los sectores para alcanzar las metas establecidas para 2030.
El estudio revela que solo uno de los 42 indicadores de acción climática sectorial evaluados alcanzaría su meta para 2030, que es la participación de vehículos eléctricos en las ventas de automóviles de pasajeros. Además, destaca que el progreso hacia las metas de 2030 es insuficiente y advierte sobre la necesidad de acelerar las acciones para mitigar el cambio climático.
Para ilustrar la magnitud del desafío, el informe señala que la tasa de eliminación de combustibles fósiles debe aumentar siete veces, y la tasa anual de deforestación – equivalente a la pérdida de 15 campos de fútbol por minuto en 2022 - debe reducirse cuatro veces más rápido. A pesar de estos desafíos, los autores del informe sostienen que existen razones para el optimismo, como los costos decrecientes de las energías renovables, el crecimiento exponencial de los mercados de automóviles eléctricos y la disminución de la deforestación en Brasil.
Los autores consideran que es posible lograr un cambio rápido para alcanzar los objetivos de temperatura global, pero para ello se necesitan políticas e incentivos inteligentes, innovación, instituciones sólidas y cambios en el comportamiento y los valores de la sociedad.
República Argentina
Climate Action Tracker, un proyecto científico independiente de Climate Analytics y el NewClimate Institute, ha estado cuantificando y evaluando los objetivos, políticas y acciones de mitigación del cambio climático de los países desde 2009, comparándolos con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
Según su modelo de análisis, califica las políticas y acciones de Argentina, así como el objetivo de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NCD), como altamente insuficientes en comparación con las trayectorias de emisiones nacionales modeladas (los esfuerzos internos requeridos), ya que conducen a un aumento, en lugar de a una disminución, de las emisiones. Considera que las políticas actuales solo son compatibles con un calentamiento de más de 3°C e incluso hasta 4°C para fines de siglo. Argentina ha fijado como meta incondicional un límite de 349 MtCO2e en 2030, pero según el modelado de CAT, el resultado esperado es de 368 MtCO2e en 2030.
Por otra parte, califica el objetivo de la NCD en comparación con su contribución justa a la mitigación del cambio climático global como críticamente insuficiente. Esta calificación indica que las políticas y compromisos climáticos de Argentina reflejan una acción mínima o nula y no son en absoluto consistentes con el límite de temperatura de 1.5 °C del Acuerdo de París.
Climate Action Tracker considera que Argentina avanza lentamente en el desarrollo de políticas climáticas, pero carece de acciones ambiciosas en sectores clave como la energía, la agricultura y la ganadería. También señala que Argentina no alcanzará su NCD por un amplio margen, basándose en la estrategia del país en el sector energético (aumento de la producción nacional de petróleo y gas en Vaca Muerta, la construcción del gasoducto que conecta Vaca Muerta a la red nacional de gas y el aumento de la exploración marina de petróleo), la ausencia de nuevos objetivos o medidas de energía renovable y de medidas significativas para reducir las emisiones del sector pecuario.
El informe señala que la participación promedio de las emisiones provenientes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura durante los últimos 20 años ha sido de más del 20 % de las emisiones totales, y que Argentina debería trabajar para reducir las emisiones de estos sectores, en particular reduciendo la deforestación y preservando y mejorando los sumideros de tierra (Argentina tiene alrededor de 54 millones de hectáreas de bosques nativos y 1.3 millones de hectáreas de bosques cultivados). Sin embargo, la CAT destaca que el Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático de Argentina solo incluye tres medidas concretas para el sector agrícola, ganadero y forestal hasta 2030: 1) forestación (de 1.38 millones a 2 millones de hectáreas entre 2018 y 2030), 2) rotación de cultivos (aumento del área destinada a cereales y disminución del área dedicada a oleaginosas), y 3) uso de biomasa para la generación de energía (en particular, fuera de la red).
Estado Plurinacional de Bolivia
Según los datos de Climate Watch, las emisiones totales de Bolivia en 2020 ascendieron a 131,43 millones de toneladas de CO2e (11.26 tCO2e por persona), lo que representa el 0.28 % de las emisiones globales. Los principales sectores que contribuyen a estas emisiones son el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (58.00 %), la agricultura (22.63 %) y la energía (15.76 %).
República Federativa del Brasil
Climate Watch informa que las emisiones totales de Brasil en 2020 alcanzaron 1.47 GtCO2e (6.91 tCO2e por persona), lo que representa el 3.09 % de las emisiones mundiales. Los principales sectores que contribuyen a estas emisiones son la agricultura (35.30 %), la energía (29.94 %), y el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (27.55 %)
En el marco del Acuerdo de París, Brasil se comprometió en la revisión de su Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NCD) a reducir de manera incondicional sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 1.32 GtCO2e para 2025 (una disminución del 48 % respecto a los niveles de 2005) y a 1.20 GtCO2e para 2030 (una reducción del 53.10 %). Además, tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, aunque el año específico dependerá de los mecanismos de mercado del Acuerdo de París.
Climate Action Tracker considera que los compromisos y políticas actuales de Brasil son insuficientes y que se necesitan mejoras sustanciales para cumplir con su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).
Brasil alberga la mayor selva tropical del mundo, la Amazonia, que desempeña un papel fundamental en la regulación del clima mundial al almacenar alrededor del 25% del carbono de biomasa aérea del planeta.
República del Paraguay
Las emisiones totales de Paraguay en 2020, según los datos de Climate Watch, fueron de 97.29 millones de toneladas de CO2e (13.64 tCO2e por persona), lo que representa el 0.20 % de las emisiones globales. Los principales sectores que contribuyen a estas emisiones son el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (47.80 %), y la agricultura (33.68 %).
En el marco del Acuerdo de París, Paraguay se comprometió en la revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NCD) con una meta no condicionada de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 92.29 MtCO2e y una meta condicionada al financiamiento externo de 82.03 MtCO2e para 2030. Además, tiene como objetivo alcanzar la carbono-neutralidad para 2050.
República del Perú
Según datos de Climate Watch, las emisiones totales de Perú en 2020 alcanzaron 179.78 millones de toneladas de CO2e (5.45 tCO2e por persona), lo que representa el 0.38 % de las emisiones globales. Las principales fuentes de estas emisiones son el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (50.01 %), la energía (25.74 %) y la agricultura (14.74 %).
En el marco del Acuerdo de París, Perú se comprometió en la revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NCD) con una meta no condicionada de limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 208.80 MtCO2e y una meta condicionada al financiamiento externo y a la existencia de condiciones favorables de 179.00 MtCO2e para 2030.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) de la República de Perú está en proceso de actualizar su Estrategia Nacional ante el Cambio Climático.
